El que fuera dictador de Irak entre 1979 y 2003 se enfrenta a su primer juicio. Se le juzga por la ejecución sumaria de 143 chiíes de la ciudad de Dujail, cerca de Bagdad, que intentaron asesinarle en 1982.
Las principales leyes que rigen en su más que probable condena son el Código Penal iraquí de 1969 (también llamado Ley 111), y “sin atender a las enmiendas que se hayan podido hacer desde entonces hasta el 14 de mayo de 2003 (fecha oficial del fin de la guerra)”, según reza el edicto de 2003 por el que el Gobierno provisional de Paul Bremer creaba el Tribunal Especial Iraquí.
En la vista, celebrada en Bagdad, estos jueces también habrán de atenerse a la Ley de Procedimiento Criminal del país, de 1971. Esto, en la práctica, significa que Sadam podría ser condenado a muerte.
El tribunal fue elegido por el Gobierno de Ghazi al Yawar -que Estados Unidos impuso en 2004- entre candidatos exclusivamente iraquíes “de alta consideración moral” por su carrera.
Este criterio tan vago es uno de los más criticados por Amnistia Internacional, que, aparte de congratularse de que se juzgue a este genocida, ve riesgo de arbitrariedades en el proceso. AI se queja de irregularidades procesales: entre ellas, que hasta marzo de 2005 no se haya conocido -y sólo parcialmente- el Estatuto del Tribunal (las normas que lo rigen).
La comunidad internacional ha lamentado que estos casos de lesa humanidad no se juzguen en el Tribunal Penal Internacional (TPI). Pero Estados Unidos no reconoció esta instancia, porque no quería que rigiera sobre sus ciudadanos.
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